El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que el Gobierno buscará la pena más alta posible para el imputado por el asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Urrea, ocurrido en la comuna de Quilleco, Región del Biobío.
El carabinero fue asesinado la noche del domingo 4 de octubre durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en un domicilio de Quilleco. El imputado quedó en prisión preventiva y el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.
Un equipo jurídico especializado
Durante una visita a Los Ángeles, tras participar en la primera Feria de Seguridad Rural organizada por la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), Arrau explicó que el Gobierno, en su calidad de querellante, seguirá de cerca la causa. Esto, considerando que deberá realizarse una ratificación de la formalización, ya que el imputado fue detenido cuando el funcionario aún se encontraba con vida.
«Tenemos un equipo de abogados de primer nivel siguiendo esta causa para que él tenga una condena lo más alta posible», afirmó el ministro.
Arrau recordó que la legislación chilena contempla sanciones severas para quienes asesinan a policías. «Hoy día, asesinar a un carabinero en Chile tiene penas altísimas y, por tanto, es muy importante hacer un buen proceso», sostuvo. También expresó su confianza en el Ministerio Público: «Confío en que el Ministerio Público también va a estar llevando esta causa con mucho rigor, como lo hace comúnmente».
Ley Nain-Retamal y uso de la fuerza
El secretario de Estado destacó el impacto de las leyes aprobadas por el Congreso en materia de seguridad. «Lo que los parlamentarios tramitan en el Congreso sí tiene consecuencias prácticas en la calle. La Ley Nain-Retamal es un ejemplo. Hay más respaldo», señaló.
Sobre esa normativa, explicó: «Hoy día, en ese caso, se tiene que demostrar el uso ilegítimo de la fuerza, o sea, se presupone que actuó bien nuestra policía, porque de lo contrario hay un desincentivo enorme al uso de la fuerza».
Arrau se refirió además a las nuevas reglas sobre uso de la fuerza, que entrarán en vigor «en algunas semanas más». Según el ministro, permitirán «ordenar la manera en que nuestras policías se sienten respaldadas con un protocolo muy claro», con criterios para emplear la fuerza de manera racional, legal y cuando sea necesaria.
La muerte del sargento Urrea se suma a la discusión sobre seguridad en el Biobío, región que el ministro visitó para abordar también la delincuencia rural y los planes en curso del Gobierno.
Fuentes: BioBioChile.



