Cinco senadores de distintos sectores ingresaron el miércoles 7 de octubre una nueva reforma constitucional en materia de seguridad, que incorpora el crimen organizado a la Constitución y modifica el Estado de Emergencia. La iniciativa reemplaza la propuesta que había impulsado originalmente el Gobierno.

Los autores son Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (IND) e Iván Flores (DC). El Ejecutivo resolvió no perseverar en su propio proyecto y respaldó esta nueva fórmula, que según el Gobierno recoge sus principales objetivos.

Los tres ejes

El primer eje modifica el artículo 9° de la Constitución para establecer que «el terrorismo y el crimen organizado» son por esencia contrarios a los derechos humanos. La ley determinará qué delitos constituyen crimen organizado, y se podrán aplicar inhabilidades y restricciones del estatuto constitucional del terrorismo, según la gravedad del delito y la posición del responsable en la organización.

El segundo eje habilita regímenes penitenciarios especiales para condenados o personas en prisión preventiva por crimen organizado y terrorismo, cuando sea necesario impedir que sigan operando desde las cárceles. Se contempla separarlos del resto de la población penal y restringir comunicaciones, visitas y beneficios.

El tercer eje modifica el artículo 42 para incorporar como causal del Estado de Emergencia el «peligro grave e inminente para el orden público». El Presidente podrá decretarlo por un máximo de 30 días y cualquier prórroga requerirá acuerdo del Congreso. El Ejecutivo deberá informar al Parlamento al menos cada 15 días, y el Congreso podrá dejar sin efecto la declaración durante su vigencia.

«No ha ganado ni el Gobierno ni la oposición»

«Aquí no ha ganado ni el Gobierno ni ha ganado la oposición, lo que se ha logrado es aunar voluntades para enfrentar un problema que tiene Chile como lo es el crimen organizado», dijo Araya, quien llamó a los senadores de centroizquierda a leer el proyecto «con detención» y votarlo a favor.

Longton explicó que el cambio al Estado de Emergencia permite actuar antes de que el problema se materialice: «No necesariamente el problema se está produciendo, sino que hay riesgo de que se produzca, particularmente por informes de inteligencia, investigaciones del Ministerio Público».

Flores marcó distancia con la propuesta original del Ejecutivo, que según él «no tenía respaldo político», y definió la nueva reforma como «un proyecto nuevo, diferente, acotado, preciso, práctico». El senador DC agregó que el objetivo es que el combate al crimen organizado sea «una obligación de Estado, independientemente del Gobierno».

Los estados de emergencia vigentes al publicarse la reforma seguirán rigiéndose por las normas bajo las cuales fueron declarados.

Fuentes: Emol.

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